Cámara dio seis meses más a la investigación de la masacre de la UCA

Cámara dio seis meses más a la investigación de la masacre de la UCA

La investigación del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 1989, fue ampliada seis meses más, por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras una petición de la Fiscalía General de la República.

La audiencia para revisar la investigación fiscal y las pruebas recabadas por todas las partes fue fijada para el 19 de junio de este año.

“Los agentes fiscales fundan su solicitud, básicamente, en la complejidad del presente proceso”, dice el fallo de los magistrados Aníbal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Mira Montes; además que aún falta localizar testigos y esperan respuesta del Tribunal Español, a quien requirieron información del proceso penal llevado en esa nación, donde se condenó a 133 años al coronel Inocente Montano, por el asesinato de cinco sacerdotes españoles.

Implicados en asesinato de los padres jesuitas.

“Hay muchas diligencias pendientes”, sostienen los magistrados quienes añaden que seis meses no es suficiente para investigar un caso que pasó hace 33 años.

Sin embargo, para el defensor del exdiputado Rodolfo Parker, Carlos Miranda, se trata de una ampliación ilegal.

“Ellos han interpretado a su manera la ampliación del plazo, los magistrados y los mismos fiscales, porque el Código anterior de 1998 que se está aplicando establece que la audiencia preliminar debe señalarse dentro del plazo de instrucción que venció el 30 de noviembre, entonces, al vencerse el 30 de noviembre, la Fiscalía debió haber solicitado 15 días antes, es decir, el 15 de noviembre la solicitud de ampliación y lo hicieron hasta el 7 de diciembre”, manifestó Miranda.

Por otro lado, el abogado Óscar Quintanilla aseguró que la ampliación del plazo es normal “por lo voluminoso del caso, hay bastante información que la Fiscalía debe de recabar todavía y que no la logró incorporar en este tiempo, desde mi punto de vista, de igual forma ayuda a la defensa a darnos más tiempo para prepararnos”.

Mientras, el abogado Eduardo Cardoza, quien defiende al Rafael Larios, vio con normalidad la ampliación.

El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y 13 militares fueron acusados, en febrero del 2022, por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, Amando López Quintana, Joaquín López y López; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos, en una masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva final. Dos de los militares fueron absueltos por fallecimiento.

En el mismo escrito que la Fiscalía presentó a la Cámara, también recusó a la jueza Segunda de Instrucción, Luz María Díaz Ramírez, y la señaló de ser parcial en el proceso penal y de haber “inclinado sus resoluciones” hacia la defensa.

Como ejemplo de esto, los fiscales dicen que la jueza le dio medidas sustitutivas a la detención al imputado Joaquín Arnoldo Cerna Flores, a quien defendía el abogado Lisandro Quintanilla, solo con una constancia de salud de un médico particular sin revisión del Instituto de Medicina Legal.

La jueza rechazó la recusación y basándose en el artículo 79 del Código Procesal Penal, presentó una excusa para dejar de conocer el caso; además, aseguró que los argumentos de los fiscales constituyen “una agresión injusta a mi integridad profesional y honorabilidad como administradora de justicia, puesto que a mi criterio, todas las resoluciones emitidas se fundamentan con base a lo que la ley establece”.

Tras la pugna entre fiscales y jueza, los magistrados decidieron que ella seguirá conociendo el caso, porque resolver no ha lugar “no son circunstancias que indiquen de un modo manifiesto una clara parcialidad en el actuar judicial, simplemente se trata de la aplicación de criterios de la juez en torno a los casos concretos, debiendo tener en cuenta la parte fiscal que no todas las diferencias que ocurren entre las partes y el juzgador, devienen en situaciones que perfilan un estadio en el cual se genere un impedimento para que este último se inhiba de conocer por estar en peligro de imparcialidad”.

Bajo el criterio del abogado Cardoza, lo ocurrido es que la jueza “se puso rígida con ellos y no les gustó a los fiscales, a los fiscales ahora no les gusta que les digan nada”, apuntó.

Acusados

1. JUAN RAFAEL BUSTILLO TOLEDO.

2. JUAN ORLANDO ZEPEDA HERRERA.

3. RAFAEL HUMBERTO LARIOS

4. CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA.

5. NELSON IVAN LÓPEZ LÓPEZ.

6. JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES.

7. ALFREDO FÉLIX CRISTIANI BURCARD.

8. INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES.

9. RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO.

10. ÓSCAR ALBERTO LEÓN LINARES.

11. MANUEL ANTONIO ERMENEGILDO RIVAS MEJÍA.

12. FRANCISCO ELENA FUENTES (ABSUELTO).

13. RENÉ EMILIO PONCE TORRES (ABSUELTO).

Redacción Vértice

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